La Asamblea FEDOFUTBOL 25 de abril se encuentra bajo cuestionamiento jurídico tras el análisis realizado en el programa de ayer, donde se abordaron denuncias formales y dudas sobre la legalidad del proceso.
El programa de ayer dejó algo más que una conversación intensa. Dejó preguntas estructurales sobre la legalidad, la transparencia y el rumbo institucional del fútbol dominicano.
Durante el espacio, Xavier Cadalso y Carlos Peralta analizaron en profundidad la situación que atraviesa la Federación Dominicana de Fútbol de cara a la Asamblea General convocada para el próximo 25 de abril. El eje central del debate fue claro: ¿cumple realmente la federación con los requisitos legales para celebrar dicha Asamblea?
Tabla de contenidos:
La clave jurídica: el requisito de las cinco asociaciones provinciales
Si la Asamblea FEDOFUTBOL 25 de abril no cumple el requisito mínimo de asociaciones provinciales legalmente incorporadas, su validez podría quedar en entredicho.
Según la Ley del Deporte dominicana, para que la Asamblea tenga plena validez deben estar debidamente incorporadas al menos cinco asociaciones provinciales.
En estos momentos, la federación solo habría logrado regularizar cuatro: el Distrito Nacional y tres provinciales (Espaillat, La Vega y Bahoruco). La quinta asociación necesaria no habría sido formalmente incorporada tras las denuncias públicas realizadas en el programa anterior por Robert Rosado.
Este detalle no es menor. Si el requisito legal no se cumple, la Asamblea podría celebrarse en un terreno jurídicamente frágil.
Las denuncias y el proceso de regularización exprés
Uno de los puntos más delicados abordados fue el método utilizado para levantar la suspensión de algunas asociaciones.
El comunicado oficial indica que las asociaciones “presentaron la totalidad de los documentos ante la Comisión independiente de auditoría interna” y que, tras validación, el Comité Ejecutivo decidió levantar la suspensión.
Sin embargo, durante el programa se señaló una contradicción: la documentación no habría sido presentada directamente ante la comisión, sino entregada personalmente al entonces Secretario General en visitas provinciales realizadas en pocos días.
Aquí surge la duda central:
¿Cómo se pudo verificar auditorías, actas, registros de jugadores, comisiones éticas y torneos organizados en apenas diez días cuando el propio proceso requeriría meses de trabajo estructurado?
La rapidez del procedimiento es uno de los elementos que más inquietud genera.
Un patrón de firmas que llama la atención
Otro aspecto analizado fue la evolución en la firma de los documentos oficiales:
- La suspensión inicial fue firmada por la Secretaría General.
- La carta de plazos fue emitida por el Comité Ejecutivo.
- El levantamiento de suspensión fue firmado por el departamento legal.
Este cambio de firmantes fue interpretado en el programa como una posible estrategia de dilución de responsabilidades en un momento institucional delicado.
El contexto real de las asociaciones provinciales
El debate no se quedó en lo formal. También se abordó la realidad económica de muchas asociaciones provinciales.
Muchas sobreviven con recursos mínimos. Presidentes que financian actividades con dinero propio. Técnicos que trabajan casi como voluntarios. Torneos que se organizan con esfuerzo comunitario.
Exigir auditorías externas y estructuras administrativas complejas sin acompañamiento técnico ni recursos federativos genera una pregunta legítima:
¿Se establecieron los requisitos con planificación y apoyo suficiente?
La crítica planteada no fue contra la necesidad de orden, sino contra la forma y los tiempos en que se intentó imponerlo.
Transparencia financiera bajo lupa
Otro bloque importante del análisis fue el financiero.
Se cuestionó la falta de desglose claro en los estados financieros publicados por la federación, especialmente en lo relativo a:
- Gastos financieros elevados pese a declarar importantes remanentes en caja.
- Problemas en la conversión de divisas.
- Ausencia de claridad en transferencias hacia asociaciones.
- Dependencia casi exclusiva de fondos FIFA y Concacaf, con escasa captación de patrocinio local.
La demanda planteada es sencilla: transparencia detallada y verificable.
El comportamiento institucional
También se abordó el papel de la Secretaría General en redes sociales, señalando que en momentos de crisis institucional se espera prudencia, neutralidad y mesura en la comunicación pública.
En situaciones delicadas, la imagen institucional es tan importante como la legalidad.
Las denuncias presentadas
Durante el programa se confirmó que se han remitido denuncias formales a:
- FIFA (incluyendo departamento legal y Comisión de Ética)
- Ministerio de Deportes
- Comité Olímpico Dominicano
El argumento expuesto fue que, ante la existencia de posibles irregularidades documentales, el medio tenía la obligación ética de trasladar la información a los organismos competentes.
Más allá de la Asamblea
El debate no se limitó al 25 de abril. Lo que está en juego, según se planteó en el programa, es el modelo de gobernanza del fútbol dominicano.
Profesionalización real.
Asistencia técnica a las provincias.
Control financiero claro.
Estructuras sólidas y no improvisadas.
La Asamblea puede ser un punto de inflexión.
O puede convertirse en un nuevo foco de controversia.
La diferencia dependerá de si se impone la transparencia o la opacidad.