FEDOFUTBOL 25 de abril se ha convertido en el eje de una carrera contrarreloj marcada por suspensiones, visitas a asociaciones y sospechas de maniobras internas.
Lo que está ocurriendo en FEDOFUTBOL en las semanas previas a la asamblea del 25 de abril ya no puede leerse como un simple proceso de regularización estatutaria. Lo que se está viendo se parece mucho más a una operación de emergencia institucional. Tras suspender a numerosas asociaciones por incumplimiento, la propia federación ha activado una ofensiva acelerada de visitas, contactos y gestiones para intentar que algunas de ellas lleguen rehabilitadas a tiempo para una cita decisiva.
Y aquí aparece la primera gran contradicción. Durante meses, la versión oficial fue clara: las asociaciones suspendidas no habían acreditado el cumplimiento íntegro de los requisitos exigidos. Según el propio relato federativo, el proceso venía trabajándose desde hacía tiempo, con asistencia técnica, orientación jurídica, modelos de documentos y sesiones informativas. Es decir, no se trataba de un trámite improvisado ni de exigencias desconocidas. Sin embargo, ahora, a las puertas de la asamblea, aquello que no se resolvió en meses se pretende resolver a contrarreloj en apenas unos días.
La cronología explica por qué el asunto resulta tan delicado. La Hoja de Ruta que sirvió de base para todo este proceso fue aprobada el 24 de septiembre de 2025. Más tarde, el 19 de marzo de 2026, FEDOFUTBOL notificó oficialmente la suspensión provisional de asociaciones por no haber evidenciado el cumplimiento de los requisitos estatutarios exigidos. Esa suspensión no era menor ni simbólica: implicaba la pérdida de derechos como miembro, incluyendo participación en asambleas, competiciones y demás actividades oficiales.
Pero apenas cinco días después, el 24 de marzo de 2026, la Secretaría General remitió una nueva comunicación a las asociaciones suspendidas abriendo una ventana de última hora para su eventual reincorporación. El calendario fijado por la propia federación fue el siguiente:
Primero, se concedió plazo improrrogable hasta el domingo 5 de abril de 2026 a las 12:00 del mediodía para remitir la totalidad de la documentación exigida.
Segundo, se estableció que el 6 de abril el Departamento de Auditoría Interna revisaría toda la documentación recibida.
Tercero, el 7 de abril la Comisión Independiente de Auditoría Interna celebraría una sesión extraordinaria para evaluar esa documentación y emitir su informe.
Cuarto, el 8 de abril el Comité Ejecutivo sostendría una reunión urgente para conocer ese informe y decidir si levanta o no la suspensión de aquellas asociaciones que considerase conformes.
Quinto, las asociaciones eventualmente rehabilitadas tendrían todavía que remitir su acta de delegado a más tardar el 15 de abril, como requisito indispensable para poder ejercer sus derechos de participación en la asamblea prevista para el 25 de abril de 2026.
Ese calendario no es un detalle menor. Es, en realidad, el centro del problema. Porque obliga a preguntarse cómo es posible que asociaciones que durante meses no lograron acreditar el cumplimiento pleno de requisitos estatutarios puedan hacerlo ahora, de forma repentina, entre finales de marzo y los primeros días de abril, con auditorías, supervisiones, valoraciones y decisiones ejecutivas comprimidas en una secuencia vertiginosa.
Y hay un elemento que agrava aún más las sospechas: esa carrera contrarreloj coincidió con los días de Semana Santa, una etapa en la que República Dominicana reduce al mínimo su actividad institucional, administrativa y cotidiana. En otras palabras, para cumplir los plazos fijados por la propia federación, muchas asociaciones habrían tenido que trabajar precisamente en jornadas que, en la práctica, son días inhábiles o de parálisis casi total en el país. Lo que no se logró durante meses de plazo ordinario se habría intentado resolver en días de vacaciones, feriados y movilidad administrativa reducida. Eso no transmite rigor institucional; transmite urgencia desesperada.
Y esa urgencia tiene una explicación de fondo. La legislación deportiva dominicana establece que las federaciones deportivas nacionales deben estar integradas por un mínimo de cinco asociaciones provinciales. Si el proceso de suspensiones deja a la federación sin una base asociativa suficiente o plenamente regularizada, el problema deja de ser solamente político y pasa a tocar la propia viabilidad estructural de la entidad. Dicho de forma llana: FEDOFUTBOL parece haber descubierto que apretar demasiado el torniquete podía poner en riesgo no solo a las asociaciones suspendidas, sino a la propia federación.
A partir de ahí, todo empieza a encajar de otra manera. Las visitas, los contactos, la cumplimentación apresurada de expedientes y la actividad frenética que distintas fuentes vienen señalando dentro del movimiento asociativo ya no se leen como un proceso limpio de regularización, sino como una operación de reconducción para llegar al 25 de abril con el andamiaje mínimo necesario. No se trataría solo de ordenar el sistema, sino de recomponerlo a tiempo.
Y esa sospecha se vuelve todavía más grave por el contexto político de esa asamblea. Lo que está en juego el 25 de abril no es únicamente la aprobación de nuevos estatutos. También se juega el respaldo interno al actual liderazgo y la validación de decisiones muy sensibles en un momento en el que las cuentas de la federación vienen siendo objeto de severos cuestionamientos. Si una misma estructura necesita, a la vez, rescatar asociaciones suspendidas y blindar la aprobación de reformas y cuentas discutidas, cualquier rehabilitación exprés deja de parecer un gesto institucional y empieza a parecer una maniobra de supervivencia.
La federación podría alegar que simplemente está facilitando que las asociaciones cumplan. Pero esa defensa tropieza con un obstáculo evidente: si el incumplimiento fue lo bastante grave como para suspender derechos y excluir de la vida federativa a numerosas asociaciones, cualquier levantamiento posterior debería venir acompañado de una transparencia absoluta. Habría que explicar qué faltaba exactamente en cada caso, qué se entregó después, cuándo se entregó, quién lo revisó, qué observaciones hubo y por qué de repente se considera suficiente lo que antes no lo era. Sin ese desglose, cualquier rehabilitación acelerada quedará bajo sospecha.
La cuestión, por tanto, no es si las asociaciones suspendidas merecen o no una segunda oportunidad. La cuestión es cómo, cuándo y para qué se les está abriendo esa puerta. Porque una regularización seria no se cocina en vísperas de una asamblea decisiva. Mucho menos en plena Semana Santa. Y menos aún bajo un cronograma exprés en el que todo debe resolverse entre el 5 y el 15 de abril para llegar al 25 con los votos, los delegados y la estructura recompuesta.
FEDOFUTBOL presentó este proceso como una cruzada por la institucionalidad. Sin embargo, cuando se observa el calendario real de los hechos, lo que aparece no es serenidad ni firmeza, sino prisa. Mucha prisa. La prisa de quien suspendió primero, descubrió después que podía quedarse sin base suficiente y ahora corre más rápido que sus propios plazos para recomponer el tablero antes de una asamblea clave.
Y cuando una federación necesita pasar, en cuestión de días, del castigo a la rehabilitación, del discurso de firmeza al salvamento de última hora, y hacerlo además en medio de jornadas inhábiles y vacaciones nacionales, lo que queda al descubierto no es fortaleza institucional. Es una estructura atrapada por sus propias decisiones, intentando llegar viva al 25 de abril.