Fedofútbol no rectifica. La nueva comunicación remitida a las asociaciones suspendidas no anula las sanciones, sino que abre una repesca exprés para decidir quién llegará a la Asamblea del 25 de abril.
La Federación Dominicana de Fútbol ha movido ficha otra vez. Pero conviene leer bien la jugada. No estamos ante una marcha atrás, ni ante una rectificación, ni mucho menos ante un perdón general para las asociaciones suspendidas. Lo que se ha producido es otra cosa: una reapertura limitada, acelerada y completamente supervisada del proceso de regularización estatutaria para decidir quién podrá llegar con vida institucional a la Asamblea del próximo 25 de abril.
El 19 de marzo, la FDF informó públicamente que su Comité Ejecutivo había suspendido a asociaciones miembros por incumplimiento estatutario, apoyándose en un proceso que, según la propia federación, venía desarrollándose desde finales de 2024 con acompañamiento de FIFA y Concacaf, una Hoja de Ruta fechada el 24 de septiembre de 2025 y un plazo final vencido el 15 de noviembre de 2025 para entregar evidencias de cumplimiento. En esa publicación, la federación presentó la medida como una consecuencia del incumplimiento y dejó claro que la suspensión implicaba la pérdida temporal de derechos hasta verificar el cumplimiento total ante la Comisión de Auditoría Interna.
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Ese mismo enfoque aparece de manera todavía más contundente en la notificación oficial dirigida a las Asociaciónes. En ella, la Secretaría General afirma que esa asociación “no evidenció el cumplimiento de los requisitos estatutarios exigidos” y comunica que el Comité Ejecutivo aprobó su “suspensión inmediata” como miembro de la federación. Además, especifica que durante el período de suspensión queda privada del derecho a participar en asambleas generales, en competiciones y actividades oficiales y de cualquier otro derecho derivado de su condición de miembro.
Hasta ahí, el mensaje era nítido: quien no cumplió, quedó fuera.
Pero cinco días después, el 24 de marzo, llega una nueva carta a las asociaciones suspendidas y ahí está el verdadero punto de análisis. La federación no dice que revisó de oficio las suspensiones, ni que detectó errores, ni que moderó su postura. Lo que dice es que reitera los próximos hitos y obligaciones que deben observar los miembros suspendidos para una “eventual regularización” de su situación institucional. Es decir, la suspensión sigue vigente; lo único que se habilita es una ventana extraordinaria para intentar salir de ella antes de la Asamblea.
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La carta fija un calendario quirúrgico. Las asociaciones suspendidas que deseen participar en la Asamblea Ordinaria del 25 de abril de 2026 deberán remitir la documentación completa a más tardar el domingo 5 de abril a las 12:00 p. m.. Esa documentación debe presentarse de forma ordenada, completa, sustentada y consolidada en un único archivo. Después, el Departamento de Auditoría Interna revisará lo recibido el 6 de abril, lo someterá a la Comisión Independiente de Auditoría Interna, que trabajará el 7 de abril, y el Comité Ejecutivo celebrará una reunión urgente el 8 de abril para conocer el informe y decidir si levanta la suspensión de quienes hayan cumplido. Luego, quienes resulten admitidos deberán enviar su acta de delegado a más tardar el 15 de abril.
Traducido al lenguaje real del poder federativo: no se está levantando el castigo, se está administrando quién puede salvarse a tiempo.
Y esa diferencia es enorme.
Porque la clave de esta nueva fase ya no está solo en la discusión sobre el incumplimiento estatutario. La clave está en quién llegará habilitado a la Asamblea de 25 de abril. La propia carta lo deja claro al señalar que únicamente podrán ser considerados aquellos miembros suspendidos que acrediten el cumplimiento íntegro de los requisitos estatutarios, conforme a la verificación de la comisión correspondiente y previa decisión del Comité Ejecutivo de levantar la suspensión. Solo esos miembros podrán ser incluidos en la convocatoria de la Asamblea.
Ahí está el corazón del asunto. La Asamblea General no es una reunión cualquiera. Es el espacio donde se ratifican decisiones, se define legitimidad y se mide el equilibrio de fuerzas dentro de la estructura federativa. Por eso, cuando una federación suspende miembros y luego abre una vía acelerada para que solo algunos puedan regresar justo antes de una asamblea, la pregunta deja de ser únicamente jurídica o administrativa. Pasa a ser también política.
La FDF, eso sí, intenta blindar la operación con una arquitectura formal impecable sobre el papel. En la notificación del 19 de marzo recuerda que la Hoja de Ruta establece que la suspensión debe ser ratificada por la próxima Asamblea General, aunque también prevé que el Comité Ejecutivo pueda levantarla antes si se acredita el cumplimiento pleno de los requisitos, previa verificación de la Comisión de Auditoría Interna. La carta del 24 de marzo no contradice eso; lo operacionaliza con fechas.
Por tanto, la secuencia documental permite una lectura bastante sólida: la federación suspendió primero y, después, abrió una repesca controlada para definir quién puede volver a entrar antes del gran examen político del 25 de abril. No es una enmienda. Es una selección previa.
La pregunta de fondo, entonces, no es si la federación tiene derecho a exigir cumplimiento estatutario. Lo tiene. La pregunta realmente delicada es otra: ¿se aplicarán los mismos criterios, con la misma severidad y con la misma transparencia, a todas las asociaciones suspendidas? Porque cuando el acceso a una asamblea depende de una evaluación interna acelerada, el problema ya no es solo el incumplimiento: también lo es la confianza en el árbitro del proceso.
Y aquí la FDF tiene una carga de prueba política importante. Si quiere convencer de que esto no es una depuración selectiva, tendrá que demostrar que cada asociación recibió el mismo trato, las mismas oportunidades, los mismos requerimientos y la misma motivación formal en caso de aceptación o rechazo. De lo contrario, el discurso institucional de “fortalecimiento”, “transparencia” y “rendición de cuentas”, repetido en su publicación oficial del 19 de marzo, puede terminar chocando con una percepción muy distinta fuera del papel: que la regularización no se está usando solo para ordenar el sistema, sino también para ordenar la foto de la próxima Asamblea.
En resumen, la nueva comunicación no borra las suspensiones. Las mantiene. Lo que hace es abrir una carrera contrarreloj para que algunas asociaciones logren rehabilitarse antes del 25 de abril. Dicho sin maquillaje: Fedofútbol no se ha echado atrás; simplemente ha puesto en marcha un filtro final para decidir quién se sienta en la Asamblea y quién se queda fuera.
Y en el fútbol federativo dominicano, eso no es un trámite. Eso es poder.
Federación Dominicana de Fútbol suspende miembros por incumplimiento estatutario – Fedofutbol