El problema legal en FEDOFUTBOL antes del 25 de abril ya no afecta solo a la asamblea, sino también a la situación actual de la federación ante la Ley del Deporte.
La crisis institucional de FEDOFUTBOL entra en una fase todavía más delicada. Ya no se trata únicamente de suspensiones, rehabilitaciones exprés o maniobras de última hora para recomponer apoyos antes de una asamblea decisiva. El problema central, a día de hoy, es mucho más serio: si la federación solo cuenta con cuatro asociaciones deportivas provinciales plenamente incorporadas y con derechos restituidos, la asamblea general prevista para el 25 de abril queda severamente cuestionada en su base legal.
Esa es la clave de todo este episodio. La Ley General de Deportes no deja ese punto al aire. La norma establece que las federaciones deportivas nacionales deben estar formadas por un mínimo de cinco asociaciones deportivas provinciales. No habla de cinco miembros en general, no permite mezclar categorías distintas para completar ese mínimo y, además, diferencia con claridad entre asociaciones provinciales, clubes, ligas y entidades del deporte profesional. Es decir, el requisito legal no es abierto ni interpretable a conveniencia: es concreto. Cinco asociaciones provinciales.
Por eso el escenario actual abre un conflicto directo con la ley. Si el mapa real de FEDOFUTBOL, después de las suspensiones y de las rehabilitaciones anunciadas, deja hoy solo cuatro asociaciones provinciales plenamente habilitadas, la federación no alcanza el mínimo estructural que la ley exige para sostenerse como federación nacional en plenitud. Y ese dato no se corrige con discursos, ni con circulares internas, ni con una convocatoria de asamblea. Es un problema objetivo.
Durante semanas, la propia federación defendió que las asociaciones suspendidas no habían acreditado el cumplimiento íntegro de los requisitos estatutarios. Según la documentación difundida por la propia FDF, ese proceso venía arrastrándose desde la Hoja de Ruta aprobada el 24 de septiembre de 2025, dentro de un esquema que, según la versión oficial, incluía acompañamiento, asesoría y asistencia para las asociaciones. Es decir, la tesis federativa era que no se estaba actuando con precipitación, sino dentro de un proceso prolongado y controlado.
Sin embargo, el calendario posterior dijo otra cosa. El 24 de marzo la Secretaría General abrió un plazo improrrogable hasta el domingo 5 de abril a las 12:00 del mediodía para que las asociaciones suspendidas remitieran su documentación completa. El 6 de abril debía revisar el expediente el Departamento de Auditoría Interna. El 7 de abril debía reunirse de forma extraordinaria la Comisión Independiente de Auditoría Interna para evaluar esa documentación y rendir informe. El 8 de abril debía reunirse con carácter urgente el Comité Ejecutivo para decidir si levantaba o no las suspensiones. Y las asociaciones eventualmente rehabilitadas aún debían remitir su acta de delegado a más tardar el 15 de abril para poder participar en la asamblea del 25. Lo que no se resolvió en meses pasó a comprimirse en una secuencia de días.
Ese calendario, por sí mismo, ya era problemático. Pero lo es todavía más cuando se recuerda que esa carrera coincidió con los días de Semana Santa, uno de los periodos de menor actividad institucional, administrativa y cotidiana del país. En otras palabras, parte del proceso que debía servir para recomponer la estructura mínima de la federación se empujó precisamente en jornadas que, en la práctica, son de funcionamiento reducido o casi paralizado. Eso refuerza la percepción de que no se estaba ante una regularización serena y ordenada, sino ante una operación de urgencia.
Ahora esa urgencia queda todavía más expuesta con la publicación reciente de FEDOFUTBOL anunciando el levantamiento de sanción a las asociaciones provinciales de Espaillat, La Vega y Bahoruco. Esa comunicación confirma dos cosas a la vez. La primera, que la federación sigue necesitando rehabilitar asociaciones para recomponer su base operativa. La segunda, que no todas las asociaciones suspendidas han corrido la misma suerte. Y ahí aparece un dato especialmente relevante: si el resto continúa suspendido oficialmente y el cuadro real deja a la federación con solo cuatro asociaciones válidamente habilitadas, el problema legal no desaparece. Se vuelve más evidente.
La situación se agrava aún más por lo que se discute en la propia asamblea del 25 de abril. No se trata de una reunión menor ni de una sesión administrativa cualquiera. Lo que debe aprobarse ese día son los nuevos estatutos, las cuentas y los nuevos presupuestos de la federación. Es decir, decisiones estructurales, patrimoniales y de gobierno. Y precisamente por esa trascendencia, el órgano que las apruebe debe llegar a esa cita con una base legal sólida, no con un esquema incompleto o forzado.
Aquí es donde la Liga Dominicana de Fútbol entra en el debate, pero no lo resuelve. La LDF podrá tener peso institucional dentro del ecosistema del fútbol dominicano, podrá representar al sector profesional y podrá ocupar un lugar político importante dentro de la discusión federativa. Pero la ley distingue claramente entre asociaciones deportivas provinciales, por un lado, y clubes, ligas y entidades del deporte profesional, por otro. Por tanto, la LDF no parece poder sustituir el requisito específico de las cinco asociaciones provinciales que la ley exige para la conformación de la federación.
Ese punto no es secundario. Es el centro del problema. Porque la defensa más cómoda para FEDOFUTBOL sería intentar sostener que todavía conserva una estructura suficiente gracias a la permanencia de otros actores dentro del sistema. Pero la ley no mide ese mínimo por presencia genérica de miembros, ni por peso político, ni por representación funcional. Lo mide por asociaciones provinciales. Si hoy no están las cinco, la estructura mínima legal no está completa.
También es previsible que se intente otra defensa: afirmar que las asociaciones suspendidas siguen existiendo formalmente, aunque estén privadas temporalmente de derechos, y que por eso todavía formarían parte del armazón federativo. Pero esa línea choca con un hecho elemental: una asociación suspendida no opera con plenitud de derechos dentro de la vida federativa. Y una asamblea convocada para aprobar estatutos, cuentas y presupuesto no puede apoyarse con normalidad en miembros que oficialmente siguen apartados de la plenitud de esa vida institucional.
Por eso, el problema del 25 de abril no es una cuestión de imagen ni de oportunidad. Es un problema de legalidad material. Si la federación no alcanza el mínimo real de cinco asociaciones provinciales plenamente habilitadas, la asamblea queda expuesta a una impugnación seria. Y no por una discusión secundaria, sino por el requisito básico que la propia ley fija para la existencia y funcionamiento de una federación deportiva nacional.
Esto explica también la aceleración vivida en los últimos días. La federación no solo estaba intentando ordenar expedientes o cerrar un capítulo administrativo. Estaba tratando de recomponer, antes de la fecha clave, la base mínima que le permitiera llegar al 25 de abril sin ese vacío legal. Pero si esa recomposición no alcanza el número exigido, el problema no se corrige con voluntad política. Sigue ahí.
A estas alturas, la discusión ya no debería girar en torno a si FEDOFUTBOL desea celebrar su asamblea o si cree tener razones internas para hacerlo. La pregunta verdaderamente importante es otra: si, con cuatro asociaciones provinciales plenamente habilitadas y el resto aún suspendido, esa asamblea puede aprobar válidamente nuevos estatutos, cuentas y presupuestos sin contrariar el marco legal que rige al deporte dominicano.
La respuesta, con los elementos hoy conocidos, conduce a una conclusión muy incómoda para la federación. Con cuatro no basta. Y si con cuatro no basta, el 25 de abril no se presenta como una simple cita institucional. Se presenta como una asamblea nacida bajo una objeción legal de fondo, previa incluso a cualquier votación.
Qué pasa legalmente con FEDOFUTBOL si hoy solo tiene cuatro asociaciones válidas
A partir de ahí surge una cuestión distinta, pero igual de importante: cuál es la situación jurídica actual de FEDOFUTBOL si, a día de hoy, solo cuenta con cuatro asociaciones deportivas provinciales plenamente habilitadas. La respuesta exige precisión. La federación no desaparece automáticamente ni queda extinguida en el mismo instante en que cae por debajo del mínimo legal. La Ley General de Deportes no establece una disolución inmediata por ese motivo. Pero sí deja a la entidad en una situación objetiva de incumplimiento del requisito básico que la propia norma exige para la conformación de una federación nacional.
Eso significa que FEDOFUTBOL puede seguir existiendo formalmente como entidad, pero ya no lo haría dentro de un marco de plena normalidad legal. Su estructura quedaría comprometida, su base asociativa sería insuficiente frente a la exigencia legal y sus actuaciones más sensibles quedarían expuestas a cuestionamiento. En otras palabras, no se produce una desaparición automática, pero sí una irregularidad legal de fondo.
Ese matiz es importante. Porque el problema no consiste solo en si la asamblea del 25 de abril puede celebrarse o no con seguridad jurídica. El problema es también que, con solo cuatro asociaciones provinciales habilitadas, la federación quedaría funcionando en una situación anómala respecto a la Ley del Deporte, a la espera de que el resto de asociaciones complete sus procesos y sea revisado posteriormente por el Comité Ejecutivo en tiempo y forma. Mientras eso no ocurra, la estructura federativa seguiría incompleta desde el punto de vista legal.
La federación puede intentar seguir adelante. Puede defender su hoja de ruta, puede invocar sus decisiones internas y puede sostener que el proceso de regularización sigue abierto para las demás asociaciones. Pero nada de eso altera el punto central: a fecha de hoy, el requisito legal no parece cubierto. Y mientras no lo esté, cualquier aprobación de estatutos, cuentas o presupuestos quedará bajo una sombra difícil de disipar.
Porque en este momento el problema no es de relato. No es de interpretación política. No es de afinidades internas ni de conveniencia coyuntural. El problema es más seco y más preciso: la ley exige cinco asociaciones provinciales. Si hoy solo hay cuatro plenamente habilitadas, la legalidad de la asamblea del 25 de abril queda comprometida desde su misma base.